La política de ultraderecha afirmó, antes de conocer el resultado de su apelación, que no se presentaría a las elecciones presidenciales de 2027 si tenía que llevar una tobillera electrónica. Ahora tiene que comerse sus palabras.

Nadie se esperaba la sentencia. Marine Le Pen, condenada en primera instancia a 5 años de inhabilitación por malversación de fondos europeos, perdía su recurso de apelación al ser considerada culpable, pero, al mismo tiempo, lo ganaba al reducir la pena.

45 meses de inhabilitación, 30 de ellos suspendidos. Los 15 restantes ya los ha cumplido, por lo que Marine Le Pen tiene vía libre para presentarse a las elecciones.

Lo único que se interpone entre ella y su carrera al Elíseo es ella misma, o mejor dicho, sus palabras. Le Pen había llegado a afirmar que no haría campaña si tenía que llevar la tobillera electrónica. Sin embargo, aunque el Tribunal de Apelación le ha rebajado la pena de inhabilitación, sigue manteniendo la condena de 1 año de arresto domiciliario con tobillera electrónica.

Eso la ha obligado a jugar la baza que no quería jugar. Apelar ante la Corte de Casación, su última bala en la recámara.

El horizonte político de Le Pen

Con esta nueva apelación Le Pen ha conseguido lo que quiere, suspender la pena y así evitar la tobillera electrónica. De hecho, al día siguiente se paseó por un mercado en La Flèche para lanzar su precampaña.

Pero esta nueva variable es una espada de Damocles. Un revés del Tribunal Supremo puede echar por tierra todos los esfuerzos de la líder de la ultraderecha.

Le Pen queda ahora en un limbo político que tiene muchas capas.

¿Qué pasa con la condena?

Incluso la pregunta más simple tiene divididos a los juristas. Una jurisprudencia de 1993 sostiene que sí, que la pena se suspende, pero se reactiva la condena en primera instancia. Es decir, Le Pen tendría que cumplir el arresto domiciliario y los 5 años de inhabilitación mientras la Corte de Casación estudia el caso.

La mayoría de los juristas dicen, sin embargo, que no tiene por qué reactivarse la condena en primera instancia. Ese argumento es el que ha esgrimido Le Pen para justificar su campaña, lanzándolo a diestro y siniestro en los platós de televisión.

Pero Le Pen no es jurista, su interpretación de la ley equivale a Donald Trump afirmando que una falta no es tal cosa basado en sus conocimientos de fútbol adquiridos minutos antes.

El equipo de abogados que tiene detrás sí que ve poco probable que se reactive la condena.

¿Pero quién lo decide? Aquí se presentan dos opciones:

¿Cuánto tiempo tardará el Tribunal Supremo en pronunciarse?

De media pueden tardar hasta un año, lo que nos dejaría en el mejor escenario para Le Pen, una resolución después de las elecciones.

Sin embargo, en un comunicado la Corte de Casación ha dicho que espera tener el veredicto antes de las elecciones. Una carrera contrarreloj para la política de ultraderecha.

Tampoco son todo malas noticias, el fiscal general del Supremo ha indicado que no están barajando revivir la condena de primera instancia.

¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional?

Esa es la gran incógnita. Aún no se ha pronunciado y los juristas no tienen claro qué criterio van a seguir. Su ocasión de pronunciarse llegará al examinar la candidatura de Le Pen si alguien la impugna, en torno a marzo de 2027, cuatro semanas antes de la primera vuelta.

A día de hoy la política de ultraderecha es la candidata de Schrödinger, es candidata y no lo es. Está inhabilitada, y a la vez no.